Democracia

Reflexión previa

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La democracia se define con frecuencia recurriendo a la etimología del término que la designa. Esta definición, como otras que vienen a decir más o menos lo mismo, no es incorrecta pero tal vez por su extremo formalismo no recoge suficientemente el núcleo de lo que modernamente entendemos por democracia. Sin duda la democracia es una institución política, pero con toda seguridad por debajo de los mecanismos de poder que la caracterizan existe una trabazón ideológica, una racionalidad, que la sustenta. Lo más útil para comprender lo que verdaderamente hay detrás de palabras como «democracia», «libertades», «derechos humanos», «Estado de derecho», «soberanía popular» etc.., palabras que integran una constelación de términos relacionados, es ir directamente al rescate de ese núcleo de racionalidad que les sirve de infraestructura lógica.

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La percepción que hoy los ciudadanos de los países occidentales tenemos de lo que la democracia es depende estrechamente de las determinaciones que la racionalidad occidental recibió de los pensadores del Barroco y la Ilustración; es decir, nuestro concepto de democracia deriva directamente del pensamiento característico de la modernidad. Los conceptos designados por esa familia de términos a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior descansan sobre un principio que puede considerarse como la esencia de la racionalidad moderna, a saber, la autonomía de la razón en cada individuo. La autonomía de la razón y la autonomía de la voluntad racional constituyen el principal logro que la Ilustración añadió a nuestra herencia ideológica: es el «atrévete a saber» de la divisa ilustrada. Se realiza en ese principio la culminación de un largo proceso en el que a través de la historia de Occidente la razón ha pugnado por establecer a la vez su libertad y la dignidad del hombre como ser racional. Que en esta autonomía racional que reconocemos en cada uno de nuestros semejantes, en la medida en que son seres dotados de razón, está el fundamento de las libertades individuales y de la soberanía popular es evidente: el principio de autonomía de la razón en cada individuo está en la base de libertades fundamentales como la de pensamiento, expresión, asociación etc.., y es la consideración de la comunidad de nuestros compatriotas como una comunidad de seres racionales, de hombres libres, la que nos lleva a reivindicar para nuestro pueblo la libertad colectiva que hemos llamado «democracia» en sentido estricto. Tal como decíamos en la Introducción, la libertad individual y la libertad colectiva constituyen la democracia entendida en sentido amplio como la forma general de nuestro ordenamiento político. Precisamente porque esta democracia es la forma política de nuestra sociedad es denominada a veces «democracia formal». Con todo, se habla también de «democracia formal» en otro sentido, concretamente para referirse a la democracia como figura jurídica, a la democracia como simple ordenamiento jurídico.

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Puesto que la autonomía del ser humano como individuo racional y como miembro de una comunidad de semejantes resulta ser un principio éticamente imprescindible, la democracia formal ha de ser estimada como un logro histórico digno de preservarse. En este punto nadie puede razonablemente dar marcha atrás al proceso de la Historia: la consagración de la libertad individual y de la libertad colectiva en el ordenamiento jurídico es un bien comunitario irrenunciable.

Hasta aquí las evidentes conquistas de la modernidad, tales cuales se reflejan en la ideología hoy vigente. Y, sin embargo, en este preciso momento histórico es imposible no ser crítico con la interpretación que de la racionalidad moderna ha hecho la ideología dominante, es imposible dejar de señalar sus límites sin pecar contra la honestidad política que nuestro tiempo nos exige. Es un principio general que toda forma necesita una materia y que toda disposición jurídica necesita ir acompañada de las condiciones reales que hagan efectiva la encarnación social de lo por ella prescrito. Si nuestra democracia fuese una forma sin materia o un precepto legal sin materialización social pasaría de ser una democracia formal a ser una democracia meramente formal, esto es, una democracia sin realidad, una falsa democracia. Y es precisamente el caso que nuestra democracia se revela como una falsa democracia por la doble causa de ser una mera forma sin materia y un cascarón jurídico sin sustancia real. Atendamos a estos dos motivos.

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El sentido común sugiere que cuando a un ser humano le es concedida la autonomía de su razón le es concedido el libre uso de esa facultad para que colabore en la determinación de cuál es la forma en que la comunidad humana debe relacionarse con la naturaleza, con la Historia y con el espíritu. La autonomía de la razón no tiene sentido más que si sirve para que en la reflexión y en la comunicación racional se vayan obteniendo juicios que permitan edificar la sociedad de un modo cada vez más perfecto y ordenar la vida humana en creciente armonía con aquellos grandes ámbitos con los que ella está inevitablemente llamada a relación. La autonomía racional del individuo es el instrumento para aproximarse a una sociedad más correctamente comprometida con la realidad que la rodea. Cuando la autonomía de la razón individual renuncia a ese compromiso, cuando se tiene a sí misma como fin supremo, cuando pretende cerrarse sobre sí misma, entonces evidencia que se ha dado un paso suplementario y en una dirección inadecuada: evidencia que el yo individual ha pasado a primer plano, que la razón ha abdicado en el yo individual y que este yo es la única certeza socialmente operativa. En ese mismo instante la sociedad humana rompe sus compromisos con la realidad, se convierte en un buque fantasma cuyo mecanismo de gobierno deja de ser el instrumento que el hombre de carne y hueso utiliza para construir una vida mejor, y viene a ser no más que una democracia espectral habitada por ciudadanos abstractos. En ese preciso momento la democracia, convertida en meramente formal, pierde la capacidad para afrontar los problemas sociales emergentes, y las elegantes fórmulas ideológicas infinitamente repetidas se muestran inútiles ante los problemas ecológicos, económicos, demográficos, nacionales, espirituales, problemas que sólo afectan a hombres reales y sólo pueden ser resueltos por hombres reales. El formalismo de la interpretación liberal de la democracia pone a nuestra sociedad al borde de un abismo y este es el momento de plantear la necesidad de una democracia comprometida con la realidad de la comunidad que la sustenta, la necesidad de una democracia nacional.

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El segundo grupo de circunstancias que afectan a nuestra democracia son las que la reducen a un ordenamiento jurídico oficialmente vigente pero socialmente inoperante. Son las circunstancias que están provocando que a la nación le esté siendo arrebatada su soberanía, que esta soberanía esté siendo secuestrada por élites económicas, políticas e intelectuales que operan en última instancia a niveles supranacionales. Son las élites económicas las que dominan los recursos financieros que a su vez permiten el funcionamiento de todo lo demás; son las élites políticas las que manejan la estructura de los partidos políticos y desde ahí los resortes de la administración pública; son las élites intelectuales las que diseñan el discurso que los medios de comunicación de masas llevan a la mente de todos los ciudadanos.

En una democracia de verdad nadie debe obtener poder político en virtud de su dinero; en una verdadera democracia los gobernantes representan al pueblo y defienden sus intereses a la vez que los medios de comunicación distribuyen información veraz e imparcial. Nadie cree de verdad que esto suceda así hoy en nuestra sociedad ni siquiera en el mínimo grado que permitiría afirmar que disfrutamos de una verdadera democracia. Estas élites articulan a nivel internacional un circuito de poder que está alimentado en última instancia por el poder del dinero y del que los ciudadanos están infinitamente alejados. Todo el mundo sabe cómo funciona el mecanismo: las élites económicas financian a los partidos políticos y a los medios de comunicación privados de modo que resulta prácticamente imposible que un mensaje político independiente de los grandes intereses económicos llegue con posibilidades de éxito a unas elecciones o tenga acceso a los medios de comunicación; por su parte las élites políticas, atrincheradas en la estructura oligárquica de los partidos, se desentienden de su compromiso en última instancia con sus votantes y dejan de representar al pueblo para representarse a sí mismas y a sus financiadores; finalmente los medios de comunicación que moldean la opinión pública están en manos del capital privado o, si son públicos, dependen de las élites políticas. La restauración de una democracia de verdad pasa inevitablemente por la destrucción de este circuito de poder hoy firmemente establecido en nuestro sistema social.

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No estaría de más recordar que esta segunda amenaza que pesa sobre nuestra democracia, a saber, el secuestro de la soberanía popular por determinadas oligarquías, está vinculada con la interpretación formalista de la democracia propia del liberalismo y que hemos denunciado en primer lugar. En efecto, cuando la razón abdica en el yo individual es inevitable que los intereses individuales, oligárquicamente organizados, desplacen a los intereses comunitarios y a los valores ideales en la determinación de la vida social. El modelo de la democracia nacional propone en esencia una aceptación crítica de la racionalidad política moderna, prescribiendo reformas al modelo político vigente con la intención de vitalizar la democracia dándole un contenido nacional, de modo que se convierta en un instrumento eficaz para superar nuestras actuales dificultades. En ese sentido deben interpretarse las propuestas que siguen.

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Propuestas programáticas

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• Consideramos necesaria la vinculación de la democracia formal a su contenido real, es decir, a la comunidad nacional que la sostiene, a sus características y a sus circunstancias reales: el «demos» de la democracia española no es ninguna comunidad abstracta sino el pueblo español. La soberanía popular es ininteligible sin la soberanía nacional.

• La libertad individual no podrá jamás entenderse como el derecho a un individualismo que atente contra los intereses comunitarios o justifique la arbitrariedad o la sinrazón. La justa igualdad, que bajo el nombre de «equidad» es un principio de justicia universalmente reconocido, no puede convertirse en un igualitarismo ciego que desconozca las diferencias reales y pertinentes que puedan darse entre las personas y las

• Puesto que no existe soberanía popular sin soberanía nacional deberán denunciarse como atentatorios contra ésta cuantos acuerdos internacionales hayan podido ser contraídos que vulneren nuestra soberanía nacional.

• Es necesario romper la estructura oligárquica de nuestro sistema político y el predominio de los grandes intereses económicos. Para ello proponemos:

• Perseguir eficazmente la financiación ilegal de los partidos políticos y limitar drásticamente los gastos de las campañas electorales.

• Fiscalizar la contabilidad de los partidos políticos.

• Eliminar la disciplina de voto en todas las instituciones representativas e independizar el poder judicial del poder de los partidos políticos, como medidas destinadas a realizar una efectiva división de los poderes públicos.

• Es igualmente necesario hacer más limpios los procesos electorales instaurando una verdadera igualdad de oportunidades para todas las candidaturas, para lo que proponemos:

• Igual acceso de todas las candidaturas a los medios de comunicación, estatales o públicos en general, en periodos de campaña electoral.

• Sistema de listas abiertas.

• Sistemas de representación estrictamente

• Apertura de cauces de participación política próximos al ciudadano, distintos de los partidos políticos y que otorguen nuevo protagonismo a la sociedad civil.

• Resulta también preciso democratizar el funcionamiento general de los medios de comunicación, y para ello proponemos la promulgación de legislación que límite la concentración de empresas de medios de comunicación privados y obligue a una mayor transparencia en el funcionamiento de los públicos.

• Proponemos finalmente modificar la legislación vigente para dar mayores facilidades a la celebración de plebiscitos por iniciativa popular.