Justicia, seguridad y orden público

Reflexión previa

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Se extiende la percepción de que el problema de la seguridad ciudadana se encuentra en una grave situación, y que los organismos responsables de aplicar las leyes carecen de efectividad. En realidad el origen del desmesurado aumento de la delincuencia, que alcanza incluso las altas esferas de los poderes económico y político, radica en la concepción del hombre que la modernidad ha asumido, y aplica en su modelo social y político.

A partir de la Ilustración, la sociedad se concibe como un entramado de relaciones contractuales entre «yoes» puros, entre los que no existe otro vínculo que su igualdad en la supremidad. Ignora la realidad de los vínculos culturales, espirituales y afectivos que precisa cualquier grupo humano para formar una comunidad.

De este concepto asistémico de lo social deriva la identificación de Justicia y norma: la inexistencia de un nivel espiritual superior al hombre del que emane la Justicia, la reduce a las normas que, previo acuerdo, aceptan los individuos.

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La inviabilidad de este modelo se hace cada vez más evidente: aumentan los medios técnicos y humanos que intentan controlar el comportamiento de los ciudadanos, acercándonos peligrosamente al estado totalitario «orwelliano», y sin embargo crece de año en año la delincuencia a todos los niveles.

Cuando una comunidad asume la existencia de un nivel superior al político, el espiritual, las relaciones entre las personas que la forman no son únicamente contractuales, afectando a las partes y siendo supervisadas por un Estado hipertrofiado, sino que afectan también a lo comunitario, y sus miembros tienen el deber moral de censurar los actos que atentan contra la Justicia: no existe policía que prevenga mejor los comportamientos asociales que la propia presión social. La búsqueda de la Justicia no implica tratar de «normativizar» todos los aspectos de la vida cotidiana, ni tratar de regular los aspectos más íntimos de los españoles. El crecimiento desmesurado de la normativa, cuerpos policiales y organismos judiciales nunca garantiza el descenso de la criminalidad: nunca en tiempos de paz fue mayor la población carcelaria, los organismos judiciales, los medios humanos y técnicos policiales, y sin embargo la criminalidad se ha convertido en un problema de primer orden como nunca antes lo había sido.

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De esta reflexión deducimos que no existen compartimentos estancos cuando se trata de los problemas que afectan a la sociedad española, todos tienen un origen común, y comunes son en algunos casos las soluciones. Algunas propuestas realizadas en los capítulos que tratan sobre la crisis espiritual, la familia y la educación podrían encontrarse también aquí.

Por otra parte, el control que las élites políticas ejercen sobre el poder judicial, para evitar la investigación de los casos de corrupción política y financiación de los partidos políticos, entorpecen su actividad, utilizándose la aplicación de la ley como arma arrojadiza o argumento de presión para el pacto. Consideramos que toda Comunidad robusta precisa una Administración de Justicia investida en sí misma de toda la autoridad. Y esto sólo es posible garantizando la independencia judicial dentro de la estructura del Estado y de la injerencia del Gobierno. Pero también es necesario que el rigor intelectual y moral de las personas que ocupan los órganos jurisdiccionales les permitan superar las presiones externas y ajenas a su cometido. Nuestras propuestas se dirigen también a hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la defensa de las víctimas de los hechos delictivos y la lucha contra el narcotráfico.

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Propuestas programáticas

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• La Justicia sólo puede ser administrada por los órganos del Estado establecidos para ello. Dichos órganos deben ser absolutamente independientes del resto la estructura del Estado. Dicha independencia sólo es garantizable con una carrera judicial ajena a las presiones políticas y sociales, debiendo aportarse los medios necesarios para impedir tales presiones mediante las dotaciones económicas necesarias, el control riguroso en el acceso a la Judicatura y la vigilancia de su constante formación, exigiendo su competencia.

• Constatamos la necesidad de modernizar la administración de justicia, ya que la búsqueda de tutela judicial puede devenir estéril e incluso injusta por la lentitud en la tramitación del proceso judicial o por la falta de eficacia de las resoluciones. Propugnamos la reforma de las leyes procesales, vinculando a la administración en el cumplimiento de los plazos, y agilizando los formalismos, todo ello dentro de un sistema que garantice los derechos de defensa de los interesados.

• El control de la Administración Pública y las quejas de los ciudadanos sólo pueden ser objeto de amparo verdadero ante los órganos jurisdiccionales. Entendemos que la figura del Defensor del Pueblo es meramente decorativa y no cumple ningún tipo de función que realmente vincule a las administraciones. Es por ello precisa su sustitución por órganos jurisdiccionales competentes en dicha materia más cercanos a los ciudadanos.

• Las instancias jurídicas deben ser únicas para toda la Nación: el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, será garante último en la interpretación y aplicación de las normas en todo el Territorio Español.

• Hacer real la igualdad ante la ley que queda manifiestamente conculcada cuando se trata de personas de alto nivel social y políticos con inmunidad parlamentaria. Ofrecer los medios adecuados a los ciudadanos de bajos ingresos tanto para defenderse como para actuar como acusación en los procesos legales, y suprimir el privilegio que supone la inmunidad para los diputados y senadores.

• Proponemos la reforma del Código Penal, con introducción de la Pena de Prisión perpetua para los autores de delitos de terrorismo, narcotráfico, y violación agravada. Que se hagan obligatoriamente públicos los indultos que conceda el gobierno.

• La pluralidad de Policías en el territorio español, implica una gran reducción de su eficacia en detrimento de la seguridad ciudadana. Es por ello preciso redistribuir nuevamente las competencias, y desplegar nuevamente en toda España la policía bajo el control del Estado, acompañado de la creación de Juntas Mixtas Estado-Ayuntamientos con el fin de coordinar y facilitar la acción conjunta de las Policías respectivas en sus ámbitos de actuación.

• Equiparar a las Fuerzas de Seguridad del Estado con el resto de las Policías desplegadas en España, tanto en medios económicos y salariales, como técnicos.

• Ante la indefensión en que se encuentran en muchos casos las víctimas de actos delictivos, consideramos que los derechos de éstas deben primar sobre los de los delincuentes, reconociendo el derecho a la legítima defensa, que debe quedar reflejado en la legislación.

• Ilegalización del consumo de

• Cumplimiento de penas en los establecimientos penitenciarios o expulsión inmediata del Territorio Español de inmigrantes ilegales inculpados de actos delictivos, según se considere oportuno. Agravamiento de penas sobre los responsables de las redes de tráfico de inmigración ilegal. Control de la inmigración laboral facilitando los permisos adecuados bajo el riguroso cumplimiento de la normativa legal. Penalización de la explotación de trabajadores extranjeros (ver para esto título décimo).

• La normativa deberá posibilitar la obtención de pruebas en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

• Se debe crear la normativa adecuada para que los delitos de corrupción sean castigados con la contundencia que, por su inmoralidad y la alarma social que producen, merecen.

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